OrdenamientoTerritorial Corrientes, Ley de Bosques 2da Part
Enrique Sierra Septiembre 18th, 2009
Un escenario torpemente configurado por los cuadros medios del Ministerio de la Producción no dejó al gobernador muchas alternativas. Habían arrancado bien, con premura, convocando a los organismos de referencia (INTA, CECOAL, IBONE, universidades). A poco andar cometieron su primer error: dejar afuera dos actores sociales claves, las organizaciones ecologistas y los productores rurales (aunque convidaron muy especialmente a una pequeña fracción de inversionistas agropecuarios con marcado interés en levantar el congelamiento de los permisos: la UTE de arroceros grandes que insiste con represar el arroyo Ayuí Grande, que en sus orillas alberga, justamente, bosques nativos).
Todo se desbarrancó para los funcionarios del área una vez que dieron a conocer los primeros mapas verdes, amarillos y rojos. Lo verde enojó a los ambientalistas. Lo rojo, a los productores. Su caprichosa distribución no era entendida, ni respaldada, por los propios equipos convocados en su construcción, cuyos integrantes cayeron en la cuenta que habían sido intelectualmente emboscados. Sus nombres estaban en un producto cuyos resultados habían sido dibujados (y desdibujados) a puertas cerradas.
Para cuando llegaron las audiencias públicas, donde la ciudadanía tendría su espacio para opinar, no quedaba ni un solo integrante de los equipos externos a bordo. Algunos, como científicos del prestigioso Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) llegaron a firmar manifiestos en contra del mismo. Desde el INTA reclamaron, aunque por lo bajo, que ni los mapas, ni las fórmulas, eran las que habían propuesto. En las presentaciones públicas del plan –fueron tres las desoídas audiencias–, ni uno de ellos apareció.
Veintitrés organizaciones ambientalistas nacionales y provinciales elevaron a las autoridades correntinas un pedido de revisión del Plan en un documento con diez puntos, que empezaba por pedir que el mismo NO sea aprobado por Decreto, sino por la vía parlamentaria, y seguía por consideraciones técnicas, ninguna de las cuales fue atendida. En rigor de verdad, las autoridades ni siquiera acusaron recibo (aunque la solicitud fue publicada, elevada por nota al Ministro de la Producción y presentada en cada una de las audiencias).
Con el anuncio del Decreto, y una inteligente, aunque corta, operación de prensa asociada, el gobierno quiso demostrar un perfil de doble virtud: una medida que ofrecería seguridad jurídica a los productores y tranquilidad a los cultores del medio ambiente; cuando en verdad no hizo más que desoírlos a todos, esquivar la concertación, resignar los fondos y poner en riesgo buena parte de los bosques correntinos, en especial los del Espinal, que en los departamentos australes estarán sujetos a presiones adicionales de lobbies agrícolas y forestales. De esos que muchas veces no tienen mucho de “correntinos”. En especial, sus cuentas bancarias.
No, no sólo de los fondos se queda afuera Corrientes. También de la credibilidad y el reposo que la ciudadanía debe encontrar en sus representantes a la hora de diseñar políticas públicas de largo plazo.
Territorio Digital Diario 28/08/09
